El único lugar, que hoy sepamos, en el se materializó una cierta versión de lo que fueron las Juntas a principios del XX fue en Alava (ver los trabajos de los profesor Arana; Navarra es otro caso; allí se mantuvo un Consejo Foral). Entre 1909 y 1920 se reunieron anualmente unas Juntas de Hermandad de los Procuradores de Alava con representación municipal que, careciendo de las funciones de las antiguas Juntas forales, sí ejercieron sin embargo una cierta función consultiva y de control. Habían surgido a iniciativa de los republicanos vitorianos, aunque estos se vieron pronto defraudados por su funcionamiento real. En efecto, no fueron muy operativas pues sus repetidas demandas de una mayor autonomía para los ayuntamientos fueron sistemáticamente desoídas. Desaparecieron en 1922. Y, aunque de elaboró bajo la Dictadura de Primo un nuevo Reglamento para ellas (1927), no volvieron a reunirse.

Esa cultura perduró y fue adoptada por el franquismo a través del carlismo y otras culturas del régimen. El primer franquismo hizo "firmes" votos a favor de la foralidad en su versión más arcaica, autoritaria y paternalista (representación oligárquica y corporada del territorio, anulando, por lo demás, a sus reivindicados municipios y a la ciudadanía en general). Aquella propuesta, aparte de lo ya referido sobre las Diputaciones Forales y Provinciales, etc., se materializó el 19 de mayo de 1958 con la aprobación por parte de la Diputación de una moción que rezaba:

«Al amparo de las vivas y viejas costumbres, la Diputación Foral de Alava celebra una fiesta conmemorativa de las JJGG en los meses de Mayo [en el patrocinio de San Prudencio, en Tierras Esparsas] y Noviembre [en patrocinio de la Virgen Inmaculada o Santa Catalina, en Vitoria] de cada año».

Todo ello se hacía a mayor gloria del Generalísimo que en la Sesión de las Cortes de ese año había animado a «hacer resurgir nuestras tradiciones, viejos usos y costumbres».

«Se trata … —se dice en la memoria— de que en determinados momentos nuestra diputación Foral se ponga en contacto con las más significativas representaciones de los pueblos de la Provincia, a fin de, con toda solemnidad, conocer sus problemas, …». A ella acudían autoridades provinciales y representaciones de una serie de pueblos, elegidos «con toda libertad entre las personas que por su edad, sabiduría, cariño a nuestras Instituciones y méritos personales y de toda índole, se considere oportuno» (en total 38 municipios de los 78 de la provincia).

La primera de aquellas reuniones se celebró en Respaldiza, cabeza del Valle de Ayala, y, la de noviembre, en Vitoria. Aquellas Juntas Conmemorativas —pues así se llamaban— cubrieron esa función paternalista de redistribución de cierto poder entre algunas redes de clientela y entre los notables locales (tratando asuntos diversos de interés local, siempre a título consultivo), aparte de lo que implicaba de legitimación del régimen a través de una representación ritual de una vieja tradición arraigada en la zona. Ese fue el momento en que más alejada estuvo la tradición foral de las otras tradiciones del constitucionalismo, la libertad individual y la cultura del nacionalismo vasco.

Todo aquello quebró, como he dicho, con la crisis del régimen de Franco tras su muerte en 1975. En las Juntas Conmemorativas del 26 de junio de 1977, celebradas en Oyón, ya se decía:

«que las Juntas se transformen para dar paso a unas nuevas más democráticas, más representativas, con más poderes políticos».

Ese mismo año, en Ribabellosa, se declararían "suspendidas" hasta la aparición de una nueva legislación sobre ellas.

Ya se tenía conciencia de la necesidad de una reforma radical, aunque todavía no se conocía la dirección que adoptaría ésta. Todo esto vino a concretarse en ese intervalo entre 1977 y 1979.

1.1- Génesis de unas Juntas representativas, 1977/1979

El primer paso hacia la reposición de unas Juntas Generales se dio en noviembre de 1975, con Franco agonizante. El 7 de noviembre se emitía un Decreto creando comisiones para un posible restablecimiento de las Juntas de Vizcaya y Guipúzcoa según el modelo alavés de 1958 (materializada en el Decreto-Ley de 4 de marzo de 1977). Por su parte, el Decreto del 2 de junio de ese año intentaba reformar las Juntas Conmemorativas de Alava como órganos de representación municipalista. Eran los tiempos de Suárez y los jóvenes reformistas del régimen que ya habían creado la UCD con la que se presentaban a las elecciones el 15 de ese mismo mes. Puestos ante la disyuntiva de tener que diseñar un modelo de organización territorial, trataban de anular el modelo autonómico que masivamente defendía en ese momento la oposición, contraponiéndole un modelo foral reformado a partir del existente en el viejo régimen. Como ha observado Santiago de Pablo, el Ministro del Interior Martín Villa trabajó intensamente en esa dirección durante la primavera de 1977.

Sin embargo, ya venía desarrollándose desde tiempo atrás un proyecto vasquista para Alava con acento foral y alavés que se expresaba públicamente en 1976 en el ciclo de conferencias "Alava en el contexto vasco", celebrada por los llamados "Mateos" (en memoria de Mateo de Moraza) en el Palacio Escoriaza-Esquíbel (José Manuel López de Juan-Abad, Juan Mª Ollora, Patxi Ormazábal, Armando Llanos, etc.) con cierto respaldo de la vieja Diputación. Desde el Ayuntamiento de Vitoria, un grupo de concejales (José Angel Cuerda, Mª Jesús Aguirre, Merche Villacián y Vidal Sucunza, todos ellos junteros con la democracia) apoyaban aquella corriente a través de su participación en el "grupo de alcaldes" impulsores de un Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

Celebradas las elecciones el 15 de junio de 1977, el movimiento se articuló a partir del compromiso autonómico alcanzado entre PNV, PSOE, ESEI, ANV, PCE y Democracia Cristiana Vasca (al que más adelante se sumó Euskadiko Ezkerra) que pretendía alcanzar la autonomía para el País Vasco a través de un proceso constituyente por el que se obtuvieran mayores niveles de libertad, y contemplara en el horizonte la experiencia obtenida de la tradición foral. Las cuatro culturas, de las que se ha hablado en el apartado introductorio, buscaban converger sin que todavía hubieran dado con una fórmula concreta (y cuya materialización dio, como veremos, no pocos quebraderos de cabeza). El 19 de junio se constituía en Guernica la Asamblea de Parlamentarios Vascos, integrada por diputados y senadores de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, con el fin de configurar un órgano preautonómico e ir elaborando un estatuto de autonomía.

Aquel movimiento —al que inicialmente no se incorporó ningún parlamentario de UCD— tuvo la virtualidad de abortar en su misma gestación la operación de los reformistas del régimen conducente a una modificación de las Juntas Generales de corte corporativo y no representativo, tal como se había diseñado en los Decretos de 1977.

En lo que toca a Alava, la situación era ambigua. Navarra quedó fuera ya en las primeras negociaciones dado que sus parlamentarios, pertenecientes en sus dos terceras partes a UCD, así lo decidieron (quedando ya entonces establecida la fórmula del referéndum para una posible incorporación de Navarra a lo que iba a ser la Comunidad Autónoma del País Vasco, CAPV). La situación alavesa era complicada. A la reunión de la Asamblea de junio no acudieron los tres parlamentarios de UCD, y sí, por el contrario, los dos diputados y tres senadores pertenecientes al "Frente Autonómico" (limitado sólo al Senado). A pesar de la campaña particularista (al amparo del fuero) que se promovió en la provincia, finalmente los parlamentarios alaveses de UCD decidieron incorporarse el 21 de julio de aquel año a la Asamblea y suscribir el compromiso autonómico con los demás partidos. Pero asegurando ya en ese momento que lo hacían «dentro del respeto a las peculiaridades de las regiones históricas». Aparecía ya un amago de alavesismo de raíz foralista que marcaría buena parte de la primera época de la vida jurídico-política de Alava en el periodo siguiente (y la marcaría más adelante como cultura política).

Por Decreto de 4 de enero de 1978 se estableció en el País Vasco el régimen preautonómico y se constituyó el Consejo General del País Vasco (CGPV) con la misma composición que la Asamblea tanto en términos políticos como en términos de territorialidad. A partir de esa fecha, se iniciaron los trabajos para la redacción y negociación de un Estatuto para el País Vasco. Fue entonces, establecida la exclusión definitiva de Navarra, cuando el senador independiente por Alava del Frente Autonómico, Ramón Bajo, expresó su inquietud ante una comunidad que se organizara unitariamente y que hiciera dejación del legado foral, tan arraigado en Alava. Según Ramón Bajo, la mención de la peculiaridad navarra —mientras nada se decía de la alavesa— ponía en peligro el régimen privativo de la provincia. Como luego harían otros, contraponía una idea confederal de la CAPV a una idea nacional unitaria (con instituciones únicas, etc., que defendían especialmente Euskadiko Ezkerra y también algunos sectores del PNV), y se erigía en defensor del Concierto alavés y su régimen privativo. Aquella contestación desde el interior del propio Frente Autonómico espoleó las objeciones antiautonómicas de UCD de corte foral y cierto alavesismo sociológico. De aquel debate estatutario en plena discusión del proyecto constitucional —en el que, por lo demás, el PNV había defendido sus posiciones de autonomía soberanista sobre una argumentación foralista y de la que se derivó su enmienda foral y la Adicional Primera de la Constitución de 1978 que «ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales»—, de aquel debate, digo, resultó que se hiciera una apelación expresa a la defensa al régimen privativo alavés y se considerara la igualdad de trato institucional de las tres provincias vascas (se adujo que de ese modo se facilitaba la inclusión de Navarra, algo que entonces se estimaba posible y deseable desde dentro de la que sería CAPV).

Lo cierto es que, si bien hacia 1978 inevitablemente se había afirmado ya una nueva cultura constitucional y ésta se había establecido sobre un sólido sentimiento de libertad (de ahí el fracaso del proyecto foral disminuido de UCD), el fuerismo entraba ahora en colisión con un nacionalismo vasco más compacto y con una visión unitaria de lo que estimaban era la nación vasca, Euskadi. Este conflicto que presidió toda la fase constitutiva del entramado estatutario y foral, afectó en diverso grado al constitucionalismo vigente, al régimen de libertades individuales y a la articulación de la democracia en aquella estructura institucional.

Ese va a ser el eje de la historia de las Juntas entre 1979, fecha en la que se fijó por Decreto su reposición (RD 122, 123 y 124/1979 de 26 de enero), y mediados de los noventa en que se aprobó definitivamente la Norma Foral sobre Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Diputación Foral de Alava (18 diciembre 1992), se establecieron las leyes quinquenales sobre Aportaciones y se fijaron los acuerdos interinstitucionales entre el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales en diversas áreas. Con todo ello quedaba dibujado el mapa institucional en el País Vasco y en Alava. Este fue el eje en torno al que se articularon los primeros debates. Y subsidiariamente a él —aunque con el mismo rango de importancia—, el establecimiento de las competencias y relaciones entre las Juntas Generales (muy restringidas inicialmente) y la Diputación Foral como unas relaciones entre parlamento y ejecutivo en un sistema parlamentario.

Las Juntas Generales, a pesar de aparecer como parlamentos provinciales y tener una imagen social de cámaras representativas y normativas, arrancaron en 1979 siendo meras supervisoras de las decisiones de la Diputación Foral (y esto cuando lograban hacerlo). Sin embargo, el imaginario colectivo se ha ido imponiendo, y, a la altura del año 2000, tienen de hecho mucho del parlamento provincial que la sociedad se imaginó que debieran ser.

2.- Una sociedad cambiante. Alava 1960-2000

Si esta convergencia entre tradiciones tan diversas fue posible, se debió, claro, a un nuevo desarrollo de las formulaciones ideológicas respectivas. Pero la sociedad que las acogió había cambiado también profundamente. Las cosas comenzaron a cambiar en las décadas de los cincuenta y sesenta en la línea de un crecimiento industrial espectacular y en el de una clara modernización en las formas sociales. Recuperados con dificultad los niveles de producción de la preguerra, en los sesenta comenzó un aceleradísimo despegue económico sustentado en el crecimiento industrial siderúrgico y mecánico. Alava fue la provincia entre las españolas con un mayor incremento de su producto entre 1955 y 1975 (un 453%, frente a un 399% de Madrid, la segunda, y un 163% de Zamora, la provincia con menor crecimiento) o de la renta familiar disponible (327%, seguida de Alicante con un 289%, y frente a Zamora, con sólo un 65%). Aquel cambio, ciertas rupturas generacionales y de percepción de las cosas, y unas nuevas dimensiones en las relaciones sociales hicieron posible una profunda transformación en las formas de vida. Vitoria, que hasta mediados de los cincuenta había mantenido un nivel de crecimiento moderado, creció según una tasa de crecimiento muy superior a las otras capitales vascas, pasando de tener en torno a los cincuenta mil habitantes a los ciento setenta mil en los setenta, y los doscientos treinta en el 2000. El 85% de la población alavesa de 1981 era población urbana.

En ese tiempo, cambió la estructura de su economía y creció su riqueza en términos absolutos y relativos. Su producto provincial (PIB) en pesetas constantes de 1986, paso de ser de 55.530 millones en 1955 a ser de 202.642 millones en 1997 —lo que significa cuadruplicarlo en términos reales—. La estructura de su economía también cambió. De ser una sociedad de estructura agraria en los cincuenta, con viejos servicios en la capital para ofrecerlos a la provincia, pasó por un acelerado proceso de industrialización hasta 1980, para crecer de nuevo el sector de servicios a partir de ese año(ver Gráfico I). Pero los servicios que se instalaban en los ochenta en Vitoria-Gasteiz (bautizada así con la democracia) ya no eran los viejos almacenes de abono para la provincia o utillaje de cocina. El sector servicios en los ochenta asiste ya a la industria, se ocupa del ocio y del consumo urbano masivo. También la capital alavesa había comenzado a terciarizarse. Sin embargo, la industria va a seguir teniendo un peso decisivo. Según un informe del Diputado de Hacienda en 1997, Alava crecía ese año a un 5%, 2 puntos por encima de la media española, y había recaudado el 17,9% del Impuesto de Sociedades de toda Euskadi, cuando su PIB no era sino el 15,31%.

GRAFICO I.

[PIB en Alava por sectores (pts. ctes. 1986) 1955-1997]

Por lo demás, como puede comprobarse de la lectura de la curva del PIB, en 1977 se estancaba la economía provincial, con un proceso de crisis en el sector industrial que no remonta hasta finales de los años ochenta. Crisis que vuelve a reproducirse en 1993, esta vez por un recalentamiento general de la economía española, pero que en Alava, de nuevo, va a afectar al sector industrial. Fue una crisis coyuntural de la que se salió con una excelente salud económica, con un tejido económico renovado y bajando manifiestamente las tasas de desempleo (ver Gráfico II.). Este será uno de los grandes retos a los que habrán de enfrentarse las nuevas instituciones forales surgidas en 1979 a través de controvertidos planes de incentivación fiscal, creación de institutos de desarrollo, adquisición de suelo y creación de zonas de crecimiento.

GRAFICO II.
"POBLACIÓN PARADA (EPA)"

[Tasa de población parada (1986-1999). 

Pero si hasta 1975 lo que cambió fue esencialmente la economía y las variables estructurales de la sociedad, a partir de los ochenta cambiaron radicalmente los usos cotidianos y de cultura. Si ya en los años anteriores habían surgido en los márgenes ciertos movimientos de ruptura cultural (como fueron el grupo Orain en pintura, o Denok en teatro), en los ochenta la sociedad cambió radicalmente sus hábitos sociales, homologándolos rápidamente a los de su entorno de la Europa occidental. Se abrió plenamente al mundo exterior. El ocio cambió de espacios y se hizo más nocturno. Se abrieron nuevas discotecas y garajes/factoría donde la gente se agolpaba en la noche en un ambiente de ruido, humo y alcohol, en locales hechos para bailar mucho y comunicarse poco. También le aquejaron los males de esos años: primero la drogodependencia creando nichos de marginalidad, y luego el SIDA. Aparecieron nuevos movimientos musicales, del punk a los grupos de pop, blues o indi; grupos como Hertzainak, Potato, Allnighters, Reverendo Parker o músicos como Ruper Ordorika, Bingen Mendizábal o Juanjo Mena, de trayectoria muy distinta pero que tienen en común su apertura a la oferta musical internacional y su integración en redes profesionales interurbanas. Se organizaron proyectos culturales como la factoría Katanga y salas de exposiciones como Trayecto. Surgieron nuevos proyectos en las artes plásticas como Carlos Margote, Iñurrieta y Mintxo en pintura o Girbau en escultura, igualmente ajenos a toda pretensión localista. Se animaron publicaciones alternativas como Lux Demoniorum, y radios como Hala Bedi Irratia, se promovieron encuentros culturales (Martínez Salazar) y surgieron talentos corrosivos para el cine, caso de Bajo Ulloa. Naturalmente, todo ello erosionó una cultura tradicional que apenas si había recibido antes los embates de la modernidad, y que también desarrolló esos años una vulgata de nostalgia (entre los más veteranos) o resistencia (enfrentamiento punkis/blusas en 1986). La apertura al exterior es franca, como lo atestiguan el Festival de Jazz y el Festival Internacional de Teatro.

También la economía alavesa se abría al exterior. No hay sino ver las cifras del comercio exterior de la provincia.

GRAFICO III.

"COMERCIO EXTERIOR EN ALAVA (en Millones de pts.)"

Si en los usos cotidianos hubo un cambio sustantivo, en parte se debió a que en el tránsito de la dictadura a la democracia se produjo un claro relevo generacional y de sensibilidad política entre las élites políticas y las élites de poder. Los nuevos protagonistas (Emilio Guevara, José Angel Cuerda, Fernando Buesa, los Aguiriano, Txus Viana o Alfredo Marco Tabar), procedentes todos de conocidas familias de Vitoria, fueron quienes lideraron el cambio político y la transformación jurídico-política que estamos analizando. Vitoria era ya una gran ciudad a la que habían afluido un gran número de nuevos emigrantes (de hecho; cuantitativamente constituían mayoría). La componía aquella masa social, a la que he llamado en otro sitio "Vitoria real", la del industrialismo y la inmigración, la que se agolpó en las calles durante el funeral por los muertos el 3 de marzo de 1976. Era ya una sociedad muy variada tanto por su origen como culturalmente. Sin embargo, fueron cuadros procedentes de lo que los antropólogos llaman comunidad moral (ese sector que desde los sesenta y claramente en los setenta, aparecía como difusora y árbitro de las nuevas normas, los valores y moralidad del lugar, hijos de antiguas familias de Vitoria), la "Vitoria moral", los que protagonizaron el cambio en sus primeras fases. Sólo progresivamente, y desde los segundos escalones de la política y cargos de responsabilidad técnica, la élite del poder local fue progresivamente abriendo paso a la "Vitoria real" (que es otro símbolo, pues tampoco es estadísticamente representativa; sí política y socialmente), a la élite social más amplia que dirigía ya la sociedad civil (especialmente a través de una clase media profesional y técnica de origen exterior a Alava).

Culturalmente variada, las distintas corrientes de opinión fueron decantándose en las elecciones que se dieron desde 1977.

GRAFICO IV.

[Elecciones generales en Alava (1977-1999)]

GRAFICO V.

Gráfico similar al anterior pero con las elecciones autonómicas.

Como puede verse, en las elecciones generales sistemáticamente se ha venido imponiendo la izquierda del PSE o el centro-derecha, especialmente esto último a partir de la victoria del PP en las generales de 1996 y el debate sobre Lizarra surgido a partir de 1998. En las autonómicas, sin embargo el PNV ha sido la primera opción, salvo en 1986 en que fue el PSE y 1998 en que ganó el PP.

En estas elecciones, si con el fin de dibujar las grandes culturas políticas en relación con su identidad comunitaria marcáramos una divisoria entre quienes con matices se han expresado a favor de un alavesismo vasquista —o puramente por el vasquismo— y quienes están en posiciones alavesistas españolas —o estrictamente españolas—, observaríamos que prevalecen claramente aquellas culturas de inclinación española en las elecciones generales (entre el 49% y el 68% de las últimas de 1999) frente a las vasquistas (entre un 17% y un 37% alcanzado en 1987). En las autonómicas y forales, sin embargo, el vasquismo (supuesta esa identificación electoral cambiante en el tiempo con las grandes culturas) alcanza un techo (1986 para las autonómicas y 1987 en las forales) para dar paso en los noventa a la cultura política de orientación española.

Este será el marco social en el que se pondrán en marcha las Juntas Generales: una sociedad con unas estructuras económicas y sociales radicalmente renovadas e inmersa en un profundo proceso de transformación cultural de carácter renovador y abierto. Un proceso de cambio dirigido inicialmente por cierta nueva élite local y que progresivamente ha ido abriéndose a una nueva clase media de la inteligencia de origen variado que ha ido incorporándose al entramado institucional y adquiriendo relevancia creciente en la sociedad civil.

El 7 de mayo de 1979, tras constituirse la Mesa de Edad en la Sala de Sesiones del Palacio de la Provincia, fueron presentando sus credenciales los procuradores de hermandad de la provincia de Alava. Quedaba así repuesta y constituida de nuevo las histórica Juntas Generales de esa provincia.

Presidía la mesa Lázaro Gancedo, alcalde de Ayala y hombre de hondas resonancias históricas. Era hijo del teniente de Diputado General, José Gancedo, quien dimitió junto con el Diputado General Domingo Martínez de Aragón, cabezas del sector fuerista intransigente, cuando en febrero de 1877 las Juntas Generales votaron romper con las posturas intransigentes de sus correspondientes de Vizcaya y Guipúzcoa (luego hubo dos nuevas autoridades forales; ver en este mismo libro, el capítulo de Ortiz de Orruño y Portillo). Lázaro Gancedo había sido alcalde de Ayala con la República y único nacionalista que aceptó el nombramiento en 1931 para la Gestora Provincial de la Diputación, cuando su partido, el PNV, las boicoteaba. Exiliado tras la guerra, vivía de nuevo en Ayala desde 1949. En su persona convergían pues buena parte de las tradiciones políticas que iban a ser las que reconstruyeran las nuevas Juntas Generales.

Las Juntas de Alava ya nacieron con su peculiaridad respecto a la guipuzcoana y a la vizcaína (una peculiaridad regresiva, contra la que lidiaron los partidos progresistas en la primera legislatura). Mientras que aquéllas eran elegidas por sufragio directo y universal, las de Alava lo eran en segundo grado por las hermandades.

Las Juntas Generales —reza el Decreto restaurador de 1979– son el «órgano representativo alavés, a través de sus Municipios agrupados en Hermandades, en la administración y en el gobierno provincial».

Aparte de su redacción, de nuevo administrativista, esta fórmula primaba fuertemente la representación rural frente a la urbana, siendo que, como he dicho, el 85% de la población alavesa vivía en zona urbana, mientras que renunciaba al sufragio universal y directo. Fueron elegidas según la Ley 39/1978, de 17 de julio de Elecciones Locales en las primeras que se celebraron en democracia el 3 de abril de 1979. El índice de abstención fue relativamente alto (34,6%) comparado con el que venía dándose en las generales (sólo 16,4% en las de 1977). Pero aquélla fue la tónica en adelante (sólo en las autonómicas aumentaba aún más la abstención). Ya por esas fechas se apreciaba un cierto alejamiento de las gentes de la política (el fenómeno que en la época se conocería como el "desencanto"). Tanto en Vitoria (el lugar más ambicionado) como en la provincia triunfaron por primera vez en Alava los nacionalistas sobre UCD y PSE. El 18 de abril la vieja corporación provincial presidida por Cayetano Ezquerra celebraba su última sesión, y el 22 de abril, la Junta Electoral Provincial asigna procuradores. De los 57 Procuradores 26 PNV, 14 UCD, 7 PSOE, 3 Gure Aukera, 2 Amurrioko Aukera y 5 de candidaturas diversas.

Pronto cederían todo el protagonismo en el gobierno y la iniciativa normativa de la Provincia a una Diputación constituida, en esta primera legislatura, al viejo estilo, como permanente de las Juntas, incorporando a todos los partidos presentes en aquéllas. Todavía no había una clara definición parlamentaria del entramado foral y las funciones se confundían.

En aquella sesión constitutiva se eligió en segunda vuelta al Diputado General, que, a propuesta del portavoz peneuvista, José Angel Cuerda, recayó en la persona de Emilio Guevara Saleta (a quien invitaron a entrar, pues no era procurador). Guevara («Vitoriano e hijo de vitorianos», decía la prensa local, abogado en el bufete de su padre en aquel momento, y miembro muy activo en la Comisión de Transferencias al CGPV) obtuvo los votos de su partido, el PNV, y los de algún independiente (30 en total). A continuación, juró defender los Fueros alaveses (con lo que quedaba proclamado) y pronunció un discurso breve con algunas ideas genéricas sobre el momento y los principios que le inspiraban. Se definió como «hijo de Alava» y como tal exigió la «reintegración foral plena … como la demostración clara de la voluntad de todo el pueblo de Alava». Hizo votos por «la inmediata constitución de un País Vasco autónomo, articulado políticamente desde el respeto a la personalidad de todos y cada uno de los territorios vascos que lo integran». Guevara aparecía ya en su discurso de toma de posesión, tal como tendría ocasión de mostrar más adelante, como un ilustrado neofuerista y nacionalista moderado de corte confederal. Algo que, doctrinalmente formaba parte del acerbo nacionalista desde Sabino Arana, que incluso había inspirado la redacción del Estatuto de Sociedad de Estudios Vascos en 1931, origen del llamado Estatuto de Estella, pero que se había perdido como tradición en el núcleo directivo del PNV del último franquismo. Incluso las conocidas apelaciones foralistas del senador Mitxel Unzueta poco tiempo antes en el debate constitucional, tenían mucho de retórico en términos jurídicos; no eran sino argumentos ad probandi para justificar un derecho vasco (histórico) previo a la propia Constitución que se debatía —y, por tanto, prevalente—. Guevara se autodefinía exclusivamente como alavés, y su apelación al País Vasco fue para hacer inmediata referencia al "respeto de la personalidad de cada territorio" que la integra. Una postura poco habitual en EBB del momento, pero que se abriría paso, como veremos, con motivo del debate de la Ley de Territorios Históricos.

El nuevo Diputado General aceptó la Delegación Real para presidir la Juntas, con lo que, desde ese día, además de dirigir la Diputación que se iba a formar, presidiría las Juntas Generales. En este punto se produjo un pequeño incidente al proponer Guillermo Perea, independiente, pero adscrito a HB, no aceptar la presidencia del Rey (ni de su Delegado, por tanto) hasta que éste no hubiera jurado los Fueros «tal como lo hicieron dentro de la dinastía reinante», y señaló a continuación una relación que iba desde Felipe V a Isabel II. Dado que no se aceptó, abandonaron la sala de sesiones él y algún otro procurador.

Se aprobaron dos mociones, una a favor del Estatuto de Guernica que esos días se tramitaba en las Cortes (42 votos a favor y 3 en contra) y un ruego a Diputación para que promoviera su participación en el CGPV (finalmente los propuestos, presentados a la Sesión de Tierras Esparsas, serían Félix Ormazábal y Juan José Pujana del PNV, y Carlos Solchaga del PSE, en un CGPV que pronto iba a ser presidido por Carlos Garaikoetxea, Presidente del EBB). Se acordó (a propuesta del PSE) incluir en la próxima sesión el tema de las centrales nucleares y una regulación de las elecciones de las Juntas Administrativas. Y se rechazó una propuesta de "amnistía total" (13 en contra, 3 a favor y 21 abstenciones). Finalmente, todos los procuradores acudieron en comitiva, con maceros y chistularis, a homenajear a Mateo Moraza en su estatua de la Plaza de la Provincia, acto que finalizó con el Agur Jaunak.

Un acto solemne como correspondía al hecho histórico de la restitución, vago en sus contenidos, más ceremonial que resolutivo y en el que se anunciaba ya el carácter subsidiario que las Juntas iban a tener respecto de la Diputación en esta primera etapa. Las siguientes sesiones (la segunda simbólicamente en Tierras Esparsas, en Salvatierra, tal como habían acordado las Juntas Generales de noviembre de 1876, nunca celebradas) siguieron la misma tónica.

El 11 de mayo de constituía la Diputación Foral de Alava con dieciséis diputados: ocho por PNV, tres por UCD, dos del PSE, y uno por Gure Artea y otro por los Independientes de Iruña de Oca, que iba a funcionar con ocho Comisiones que recordaban al arcaico sistema sinodial, con cuatro presidencias para PNV, dos para UCD, una para el PSE y otra para Gure Artea (hasta junio de 1983 no hubo ni tan siquiera un Consejo de Diputados).

El momento era de una gran densidad política en toda España, pero especialmente en el País Vasco, donde por esas fechas se estaba cerrando el marco constituyente general con la negociación del Estatuto. El día 3 de junio se reunió en Vitoria una Magna Asamblea con concejales, junteros y diputados forales para ratificar el Estatuto de Autonomía de Guernica. Ciento ochenta y siete ayuntamientos respaldaron el Estatuto y los tres Diputados Generales estamparon su firma en el documento de apoyo. Fueron días de jornadas agotadoras, de encuentros decisivos entre el presidente Adolfo Suárez y Carlos Garaikoetxea como presidente del CGPV. Entre los asesores para temas jurídicos y del Concierto de los representantes vascos en la ponencia constitucional se hallaban el recién elegido Diputado General, Emilio Guevara, y el que sería su compañero de bufete, Pascual Jover. El 17 de julio terminaron sus trabajos (con los nuevos Conciertos aprobados el día 13) y el 18, rodeado por los representantes máximos del PSE, EE, PCE, ESEI y UCD (además de Arzalluz y el Presidente del BBB, Félix Ormaza), Garaikoetxea daba una rueda de prensa en San Sebastián dando cuenta del acuerdo. A partir de ese instante, quedaba únicamente su ratificación en el pleno de las Cortes y el referéndum que se fijó para el día 25 de octubre de ese año (1979).

La campaña a favor del Estatuto fue intensa (mientras HB, apoyada por ETA-m, hacía campaña en contra). Resulta destacado y significativo el artículo que el último día de campaña, 23 de octubre, firmaba en la prensa local Emilio Guevara («Alava ante el estatuto de autonomía»). «Nos está prohibida la indiferencia», decía. Tras 140 años de «violencia estéril se abre la solución política, un Estatuto de Autonomía». Alava no puede subsistir sola con su Concierto, no puede elegir «una vía sin salida final». Aún en el caso que haya quien no comparta la idea de la nación vasca, debe reconocerse, decía, que los alaveses somos por cultura vascos. Por lo demás, «Alava no tiene otra posibilidad lógica que aceptar el Estatuto». Tampoco cabe prever que el Concierto se perpetúe si fracasa el Estatuto. Por todo ello a Alava le interesa el Estatuto y debe dar su "sí" en el referéndum del domingo.

Los alaveses votaron afirmativamente el Estatuto con una participación del 63,3% y un voto afirmativo del 83,4% sobre los participantes. Tan sólo el 9% votó "no". La participación fue algo más baja que en las provincias hermanas, pero similar a la producida en la elección de las Juntas Generales (lo que desautorizaba a los abstencionistas de la recién creada coalición de HB). Los "noes" (opción propugnada por los foralistas de AP, que contaban para ello con el periódico Norte Exprés) sí fueron más numerosos que en Guipúzcoa o en Vizcaya, pero aún así, insignificantes. La Diputación alavesa se felicitó en su primera sesión por la aprobación del Estatuto.

Si bien aquellos resultados auguraban una rápida clarificación del panorama político, el terrorismo y las torturas y guerra sucia que aún se practicaban, lo enturbiaban sin remedio. El 9 de enero de 1980 era asesinado el Comandante Jefe de los Miñones, Jesús Velasco. En Juntas Generales Extraordinarias celebradas el 12 enero, éstas, a propuesta de su Presidente condenaban tajantemente el terrorismo y el asesinato del funcionario foral. En junio, por su parte, fue también asesinado en Bayona el vitoriano Enrique Gómez, supuesto instructor de los comandos legales de ETA. Aquel hecho produjo, también algún incidente en la capital alavesa (del mismo modo que se habían producido en el entierro del Jefe de Miñones).

En febrero de 1981 ETA asesinaba al ingeniero de Lemóniz, José María Ryan. Más de 300.000 personas se manifestaron en todo el País Vasco contra aquel asesinato, mientras el Gobierno vasco y Diputación alavesa pedían a la población un posicionamiento tajante ante el terrorismo. Sin embargo, ese mismo mes, moría en Madrid por torturas el presunto miembro de ETA, José Arregui. El Parlamento vasco se manifestaba contra la ley antiterrorista que se le había aplicado a Arregui. El paro fue generalizado en Alava y las manifestaciones masivas. En la pancarta que encabezaba la manifestación de Vitoria podía leerse: «Euskadi… Paz y Libertad/Euskadi, Pakea eta Askatasuna».

El 1 de octubre de aquel año se disolvía ETA-pm. Pero ETA-m siguió con los asesinatos y secuestros. Las Juntas Generales en Sesión Extraordinaria (17 diciembre 1987) se adhirieron al Parlamento Vasco en su pronunciamiento contra la violencia tras los sangrientos atentados de Zaragoza, Basauri y Placencia. Y en Sesión del 28 enero 1988 se adherían al acuerdo suscrito por los partidos PSE, PNV, EA, EE, AP y CDS para la Normalización y Pacificación de Euskadi (Pacto de Ajuria Enea). Y aún el 10 de marzo de 1989 realizaba una Declaración Institucional, aprobada por unanimidad, convocando a la sociedad alavesa a participar en la manifestación a celebrar en Bilbao a favor de la Paz del día 18 de marzo. Quedaban ocho años para aquella insurrección antiterrorista que siguió al asesinado del concejal del PP en Ermua. Pero la sociedad iba madurando. Y con ella, las instituciones.

Otro de los problemas que acució a la sociedad española aquellos años fue el de la reconversión de una industria obsoleta. Ese fenómeno, con sus lacras sociales, afectó relativamente a Alava (lo hizo especialmente a la zona de Llodio, con la que las Juntas y la Diputación debió tener una atención especial). También Vitoria se vio afectada por ella. La factoría Michelín estableció una regulación de empleo y cambios de turnos contra los que los trabajadores se pusieron en huelga. El junio de 1980, un comando terrorista asesinaba al jefe de instalaciones de Michelín, como remate de una serie de hechos violentos. El 8 de marzo un grupo rompía la imagen gótica de la Virgen Blanca. El día 14 una manifestación masiva (20.000 personas) acudía a la procesión del Rosario de la Aurora en señal de desagravio. Un movimiento violento, de matonismo ácrata con leves conexiones sindicales e iconoclasta se desarrolló esos años en Vitoria, sin que llegara a durar más allá de 1984.

Las Juntas Generales no eran aún sino caja de resonancia de todo esto que ocurría en la calle. Apenas un organismo con iniciativa, cogido entre su marginalidad institucional y el protagonismo de la Diputación. HB, vinculada a alguno de aquellos movimientos, no participaba en ellas, del mismo modo que no tomaba parte en el resto de la vida institucional. Fue el Reglamento aprobado el 18 de enero de 1980, y que a propuesta del PSE, separó la presidencia de las Juntas del cargo de Diputado General, la que puso la primera piedra en la línea de redefinir la foralidad en el sentido de un sistema parlamentario provincial, con cámara y gobierno separados. Francisco José Ormazábal (Patxi Ormazábal), del PNV, pasó a ocupar aquella presidencia con los 25 votos de su partido.

CUADRO I

NOMINA DE PRESIDENTES DE LAS JUNTAS GENERALES DE ALAVA, 1979-2000

CUADRO II

NOMINA DE PRESIDENTES DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA, 1979-2000

El siguiente paso en esa dirección fue la aprobación el 5 de marzo de 1983 (al tiempo en que se hacía otro tanto en Guipúzcoa y Vizcaya), en un pleno tortuoso, de la Ley de Elecciones a Juntas Generales, y el día 7 de la Norma sobre Organización Institucional del Territorio Histórico de Alava. El sistema electoral quedó convertido en Ley 4-1983 de 7 de marzo. El PSE y EE, que lo habían reclamado reiteradamente para sustituir el Decreto de Martín Villa por un sistema de sufragio universal, directo y proporcional, se opusieron con fuerza al propuesto por el PNV por primar éste radicalmente el voto rural (ver Gráfico VI). La Ley, sacada con los únicos votos de los nacionalistas, dividía la provincia en siete distritos; tantos como Cuadrillas. En ellas se elegían 51 procuradores: 25 por Vitoria , 13 por Ayala, 4 por Salvatierra, 3 Laguardia, 2 Zuya, 2 Añana y 2 Campezo, en un procedimiento que combinaba la representación proporcional con la territorial. La Ley pasó el tramite obligatorio por el Parlamento Vasco gracias a un Pacto de última hora entre PNV y Coalición Popular, pues el resto de los partidos de la oposición abandonaron la sala, impidiendo por un momento el quórum.

La sesión en la que se aprobó la Norma sobre Organización Institucional del Territorio Histórico de Alava (aprobada, también en Guipúzcoa y Vizacaya), fue igualmente tormentosa. En ellas, tal como lo defendía el ponente nacionalista, José Angel Cuerda, se proponía una nueva estructuración de las instituciones provinciales como sistema de autogobierno provincial con un legislativo y un ejecutivo. Era, en realidad, un verdadero estatuto de autonomía provincial, que sobreponía el artículo 37.3 del Estatuto vasco (que establecía las competencias de los Territorios) al 10.3 (competencias de la CAPV). La oposición, que creía que debía posponerse la Norma hasta conocer las competencias que le otorgaba la Ley de Territorios Históricos (LTH), entonces a debate —y que, en todo caso, el único legislativo debía ser el Parlamento Vasco—, se ausentó de la Sala cuestionando el quórum en las Juntas. Finalmente, se votó el texto con los procuradores nacionalistas presentes, al considerar la presidencia que la no presentación del acta por parte de HB, rebajaba el quórum de 29 necesario a 26. Los 26 procuradores del PNV sacaron la norma adelante. A partir de ella, las Juntas, órganos representativos de la Provincia, tendrían capacidad legislativa en algunas materias (Normas Forales), y a la Diputación, perdiendo aquel carácter representativo, adquiría una estructura de ejecutivo presidencialista.

Con ambas leyes (ambas aprobadas con el exclusivo voto del PNV; Buesa y Aguiriano, del PSE, comentaban por aquellas fechas que las normas nacionalistas se habían impuesto como un "trágala") se había dado un gran paso en la línea de redefinir la foralidad en el interior de la Provincia como sistema de autogobierno provincial, según un sistema parlamentario con representación fuertemente territorial.

Por lo demás, en esa primera legislatura ya se definieron por la Diputación Foral algunas de las prioridades que van a ocupar a las instituciones provinciales en el periodo que nos ocupa hasta el año 2000. Los temas que se estimaban urgentes eran el aeropuerto de Foronda (su definición; hoy ya de carga); FASVA y el servicio sanitario; el CUA (hoy, Campus Universitario de la UPV); Servicio de Vascuence (luego, leyes de normalización); las relaciones Diputación/Ayuntamientos; adecuación de la Reforma Tributaria a la Hacienda Foral (con reajustes en el IRPF y en los impuestos de sociedades), lo que implicaba una reforma y racionalización del Departamento de Hacienda; la elaboración de un Plan General de Infraestructuras (carreteras: Málzaga/Burgos, desdoble de la autovía N-1 hasta Alsasua y nueva circunvalación a Vitoria; ferrocarriles: Vitoria/Bilbao a través de Orduña y comunicaciones con San Sebastián y Pamplona, hoy "Y" vasca; el desarrollo en Júndiz de centro de distribución y transporte de mercancías), la elaboración de un plan para los pueblos (que serían los Planes Forales de Obras y Servicios y el FOFIM); y un plan general de actuaciones en el Valle de Ayala.

Finalmente, la Diputación, favorecida por un Gobierno que temía el contagio del efecto navarro a Alava, tuvo el acierto y la habilidad de atraer la capitalidad de la CAPV a Vitoria (acuerdo del Gobierno del 12 de mayo de 1980). Y la perspicacia de no darse por satisfecho con ello ("síndrome de Bonn"), sino de apostar por un desarrollo industrial que no condenara a la capital a ser una ciudad dormitorio y administrativa.

Pero el gran argumento alavés era un Concierto Económico ininterrumpido desde su promulgación (como lo era el Convenio navarro) que le había permitido dotarse de un poderoso aparato administrativo y unos niveles de equipamiento y servicios sin parangón. Hasta el punto de que Juan Mª Ollora, Diputado de Hacienda, ofreciera el concierto alavés como modelo para el vizcaíno y el guipuzcoano. En enero se firmó la Ley 12/1981 de Conciertos Económicos para el País Vasco. La Diputación alavesa (también las Juntas) aprobaba con alborozo el nuevo Concierto (no en vano habían sido unos de sus principales gestores), y el Diputado de Hacienda no dudaba en hablar de la marcha hacia la plena reintegración foral (vieja reivindicación del PNV) y en la dirección de una Euskadi confederal.

En efecto, porque si se había logrado redefinir la foralidad en el interior de la Provincia conciliándola con el constitucionalismo y la tradición de la libertad individual (un constitucionalismo con radical primacía del ejecutivo y una democracia muy restrictiva), faltaba encajarla con la tradición nacionalista asentada en el Gobierno Vasco. Esa sería la siguiente tarea, quizá la más ardua. Un encaje, por cierto, que se llevó por delante alguna víctima: a Carlos Garaikoetxea, Presidente del EBB, que dimitiría como lehendakari en diciembre de 1984. Ese fue el debate por la LTH.

Se ha dicho que aquélla fue una pugna en el seno del PNV, que fue una pugna de poder endogámica. Cierto y falso. Cierto, porque tanto la tradición foral (o el neofuerismo) como la nacionalista estricto sensu convivían en el mismo partido. Pero falso, porque no era aquélla una pugna endogámica: interesaba, y mucho, a otros grupos sociales. Por ceñirnos a Alava, interesaba, claro, a sus empresarios de la Cámara de Comercio o del futuro SEA, a la vieja AP, pero también a socialistas como Fernando Buesa, luego Diputado General, o Alfonso Martínez, portavoz en las Juntas Generales, o al PP actual, por no hablar de quienes apoyaron en su día la opción de Unidad Alavesa. Había en Alava, como lo probaba ya en 1977 el fenómeno del senador autonomista Ramón Bajo (ver supra) un cierto sentir social de identidad peculiar (que no coincidía con lo que luego fue UA).

El primer borrador de la LTH (BOPA, Serie A, nº8, 3 junio 1981) fue exultantemente nacionalista/autonomista. Hablaba de «un corte histórico radical con el pasado» en materia foral. Suponía la primacía absoluta de las instituciones comunes al País Vasco, a Euskadi (Gobierno y Parlamento), frente a las particulares, a las que se les reservaba sólo el derecho a proponer iniciativas al Parlamento Vasco (Juntas), mientras que las Diputaciones Forales serían simples entidades administrativas tuteladas y con competencia únicamente reglamentaria. Aquello puso en guardia a quienes sinceramente profesaban una idea fuerista y confederal de organización del País Vasco y a no pocos sectores interesados en un renovado poder de las Diputaciones (en el núcleo fuerte de la Diputación alavesa había una razonable y legítima combinación de ambas actitudes; Emilio Guevara era, como ha quedado dicho, un eminente neofuerista).

Pero quienes primero pusieron en circulación pública una actitud de rechazo alavesista y foral ante el anunciado proyecto de la LTH fueron sectores de AP (Santiago Griñó, propietario del Norte Exprés y diputado en el Parlamento Vasco) y el director de aquel periódico, Felipe García Albéniz (viejo y conocido foralista en la mejor tradición del viejo régimen). Se ocuparon de alarmar a la población alavesa ante un Estatuto "centralista" y a una exaltación historicista de todo lo privativo de Alava. Hasta las Juntas Conmemorativas del franquismo eran ensalzadas en aquel discurso. Su modelo era Navarra.

Pero pronto comenzó a tomar posiciones el líder del neofuerismo alavés. El 31 de mayo de 1981 el Diputado General, Emilio Guevara, pronunciaba su acostumbrado discurso en las Juntas Generales de Tierras Esparsas, en Respaldiza. En ellas se manifestaba contra una idea piramidal del poder en las comunidades. La autonomía ha de extenderse hacia dentro, dijo. Alava, al presentar sus Presupuestos demostraba que era capaz de hacer frente por sí misma a los retos que tiene planteados. Para Emilio Guevara las Juntas Generales habían recuperado la capacidad legislativa y fiscalizadora de la gestión de la Diputación. Una visión que casaba mal con el primer borrador de la LTH, como puede verse.

Ese mismo día eran presentados ante el Parlamento Vasco como proyectos de Ley los primeros Presupuestos Generales del Gobierno Vasco y también la LTH. Inmediatamente tomaron partido los grupos parlamentarios: la derecha lo criticaba por su escaso respeto a la foralidad arcaizante (UCD y AP), mientras que contaba con el apoyo de la izquierda (PCE, PSE y EE).

También Guevara iba a entrar pronto en público y explícito desacuerdo con ambos proyectos. En enero de 1982 ya dijo que no podía compartir el modo en que se habían elaborado los Presupuestos del Gobierno Vasco. «Se pretende —dijo— reducir a las Diputaciones a meras recaudadoras de impuestos». Creía que había una interpretación inadecuada de los artículos 37 (Territorios Históricos) y 42 (Aportaciones de las Diputaciones a la Hacienda común) del Estatuto, y una filosofía anti-foral. Las Aportaciones exigidas unilateralmente para 1982, dijo, podían suponer una grave limitación en el gasto de las Diputaciones Forales. Y añadía que esperaba la información completa, pues el esquema foral y del Concierto no estaba recogido en los Presupuestos. Pero antes de salir a la escena había logrado el apoyo de su Diputación. El 8 de junio de 1981, todos los diputados alaveses, de diferentes partidos, como se sabe, a excepción de Felix Ormazábal (PNV), aprobaban una moción sobre la LTH que reivindicaba el respeto a las peculiaridades alavesas. Las relaciones deben basarse, decía la moción, en: 1.- el respeto a la personalidad histórica de los Territorios, según los artículos 3, 25, 37, 41, 42 y Disposición Adicional del Estatuto; 2.- los Territorios, y sus derechos y facultades están representados por la Diputación y las Juntas Generales; 3.- por tradición y por derecho, tanto la Hacienda como el Concierto, han sido propios del Territorio (la Provincia). Esperaban que el Parlamento tuviera en cuenta todo ello. En pocos días, el ABB, tras estudiar las divergencias entre Emilio Guevara y Gobierno Vasco, salía en defensa de su Diputado.

Por aquellos días se había elaborado la LOAPA (la conocida Ley de igualación autonómica) promovida por UCD y respaldada por el PSOE. El 5 de octubre se constituía el Frente anti-LOAPA (PNV, EE, PSA, PCE, Esquerra Republicana, CiU y PSUC). No eran buenos tiempos para las armonizaciones. Ni siquiera en el interior de la CAPV. José María Makua, Diputado General de Vizcaya, salía al paso para defender a Guevara: estima que Alava, en razón de su función foral ininterrumpida, estaba en posesión de competencias que no tenían ni Vizcaya ni Guipúzcoa, por lo que requería de mayor dotación presupuestaria. Por su parte Guevara no asumía una imputación en los Presupuestos del Gobierno Vasco para Alava del 13,05%, siendo el índice de la renta interior del 12,91%. creía que el índice debía reajustarse al de 1981 (12,26%), y aún así, aseguraba, se financiaba a las otras provincias.

En un informe interno de junio de 1981, Guevara sostenía que el proyecto de LTH «no sirv[ía], ha[ía] que modificarlo» totalmente. La LTH invadía competencias de los Territorios y alteraba el sistema de Concierto.

«Suprime la libre disponibilidad de las Diputaciones Forales —decía— de los rendimientos patrimoniales y de los ingresos de toda Diputación Provincial en Territorio Común». «Las Diputaciones se convierten en Delegaciones de Hacienda», y es «particularmente grave en Alava» debido a los gastos ya adquiridos en gasto corriente. «El proyecto nos lleva a una situación injusta y representaría un enorme error político si de verdad queremos avanzar en la realización de un proyecto político nacional». Hay que partir de una «verdadera autonomía interna».

El febrero de 1982 amenazó con dimitir si no se atendían sus exigencias. Vistas las dimensiones que tomaba el conflicto, el EBB y Arzalluz tomaron cartas en el asunto. Por su parte, Guevara forzaba la celebración de la Asamblea Regional del PNV del que saldría reforzado.

Las cosas le iban mal al PNV en el Parlamento Vasco, donde Guevara era portavoz del partido. Sólo los votos de EE impidieron la devolución de los Presupuestos al Gobierno. Por su parte, Guevara comenzaba a recibir apoyos de la Cámara de Comercio de Alava, del portavoz socialista en las Juntas Generales, quien consideraba que el Gobierno Vasco, la Diputación de Vizcaya y el EBB marginaban a Alava, o de Txus Viana, portavoz del grupo parlamentario de CDS. El 9 de marzo la Diputación multipartidista (PNV, PSE, UCD) delegaba por unanimidad en su Diputado General la negociación de la LTH. El 27 era suspendido el Pleno del Parlamento sin acuerdo entre el Gobierno y la Diputación de Alava. El 30 los periódicos recogían en primera plana «El Gobierno Vasco forzado a aceptar los planteamientos de Emilio Guevara». Y ciertamente, así fue.

La oposición bloqueó aún un tiempo las enmiendas del acuerdo Gobierno/Guevara, pero el Diputado alavés (liberado desde las elecciones municipales y forales de mayo de sus responsabilidades de Diputado General) se mostraría inflexible. Al fin, con el concurso de Garaikoetxea y los votos del PNV y el CDS, la Ley salía adelante como L.27/1983 de 25 de noviembre. El Gobierno admitió que la foralidad de Alava empujo la nueva LTH. La consideró un factor determinante. Sin embargo, hacia fuera se justificaba aún con la idea de que una Euskadi confederal facilitaba la incorporación de Navarra. Navarra nunca se incorporó ni lo intentó. Pero era cierto que con la última formulación de la LTH, Euskadi adquiría una estructura confederal.

Era el modo concreto en que foralismo y nacionalismo convergían. Con ello la tradición constitucional se enriquecía, pero con un claro avance de los usos y la negociación historicistas frente al constitucionalismo normativo. La democracia, por su parte, se resentía con la proliferación de organismos ejecutivos confederales (como el Consejo Vasco de Finanzas) sin apenas control parlamentario; pues, si el ejecutivo se multiplicaba en variados lazos confederales ("interinstitucionales"), no ocurría otro tanto con los legislativos, dispersos en cuatro cámaras inconexas: un Parlamento y tres Juntas Generales. Mientras, las Diputaciones suplantaban a los parlamentarios de cada provincia (con una distribución paritaria de inspiración ya confederal, por cierto) en su representación provincial frente a los órganos comunes. Y más en concreto, la toma de decisiones se hacía en el Consejo Vasco de Finanzas (Diputaciones y Gobierno), hurtando al Parlamento la posibilidad del debate para limitarse a la ratificación o rechazo de las Aportaciones de cada Territorio; se acababa con la técnica armonizadora para las actuaciones de las distintas administraciones, presentes en el primer proyecto; desaparecían las facultades impugnadores del Gobierno ante Comisiones Arbitrales sobre decisiones de los órganos forales; se adoptaba un singular sistema hacendístico por el que las instituciones inferiores eran las que financiaban las entidades centrales (hasta en un 92%); las Aportaciones seguirían un sistema similar al del Cupo del Concierto; y como en él el listado de gastos de la administración central se hallaba sujeta a negociación en cada renovación de la Ley de Aportaciones; cada Territorio aumentaba las competencias exclusivas y se reconocía con ello a las Juntas capacidad normativa (las Normas Forales, NF), más allá de la reglamentaria, una verdadera capacidad legislativa. En definitiva, de la convergencia entre nacionalismo y fuerismo, salía claramente fortalecido este último.

Juan Mª Ollora, nuevo Diputado General alavés desde mayo, hacía un balance de urgencia el día 29 de noviembre. Dado que existen competencias exclusivas, se trasladaran cien funcionarios del Gobierno Vasco a la Diputación con las correspondientes competencias. Estimaba que de este modo se fortalecía la Diputación. Se institucionaliza las competencias de la Diputación en materia de hacienda, carreteras, urbanismo y policía foral. Además, se lograban nuevas responsabilidades en agricultura, cultura y ordenación del territorio. En el Título I atribuían en exclusiva a las Diputaciones las Normas sobre el sistema electoral municipal, demarcaciones, instituciones supramunicipales. Por último, Alava conservaba su derecho a elaborar sus propios Presupuestos y a establecer su Plan de Foral de Obras y Servicios. Y tenía razones para estar satisfecho.

La izquierda, más cercana a un constitucionalismo normativo y partidaria de unas instituciones centrales fuertes por racionalidad y limpieza democrática, se mostró muy crítica con la nueva LTH, como ocurrió en el debate político de las Juntas en diciembre de aquel año cuando negaron carácter ejecutivo a la Diputación y normativo a las Juntas. Sin embargo, la realidad del entramado provincial (con el que gobernarían desde 1987) se impondría.

Por su parte, Garaikoetxea, cuya posición había quedado seriamente comprometida y que con los llamados "acuerdos de Zarauz" (internos del PNV, de 7 de enero de 1984) pretendía vincular su reelección como lehendakari con una línea respetuosa con las capacidades coordinadoras y de iniciativa del Gobierno, vio cómo se le negaba en la práctica aquel propósito desde las reforzadas Diputaciones Forales (con el Diputado General de Vizcaya, J.M. Makua, negociando directamente en Madrid la Ley de Bases de Régimen Local, con el apoyo de Sodupe y el asentimiento del EBB) dimitía el 19 de diciembre de aquel año.

Con ello se abría un nuevo ciclo político en el País Vasco y específicamente en Alava, con José Antonio Ardanza de lehendakari, el nacionalismo democrático dividido en dos formaciones, y los socialistas negociando primero un pacto de legislatura con el PNV y luego acuerdos de gobierno, que afectarían a la Diputación alavesa.

En el balance de un año que las Juntas hacían en diciembre de 1984, la oposición alaba el nuevo papel político de las Juntas Generales pero critica duramente a la Diputación. El acuerdo PNV-PSE había permitido gobernar a Ollora. Sin embargo, el PSE era muy crítico en los temas de Ordenación del Territorio, Agricultura, Sanidad y Cultura. Para Patxi Ormazábal, Presidente de la cámara, las Juntas Generales «ya no son algo folklórico, sino una auténtica asamblea provincial». Este era un cambio fundamental.

A partir de ese momento se trató de regular la relación institucional Diputación/Juntas Generales. La NF 22/1987 de 21 de diciembre modificaba algunos artículos del Reglamento de Funcionamiento de las Juntas Generales (20 diciembre 1984). A través de la NF 6/1986 de 25 de marzo se reguló la iniciativa de NF popular. Igualmente se regularon los sistemas para la Moción de Censura.

Las Juntas necesitaban, además, crecer para ejercer su limitada pero importante función legislativa y de control de la Diputación. Pero lo haría muy lentamente. Aún en 1995, la Secretaría de Juntas Generales reclamaba más personal por «acumulación de trabajo» (sólo había 11 empleados de la Cámara). Sólo en diciembre de 1996 se inaugurarían las nuevas oficinas. Durante mucho tiempo aún, las Juntas Generales serían subsidiarias de la Diputación.

Sin embargo, la imagen social de las Juntas Generales como cámaras representativas y normativas (y no meros departamentos administrativos de las instituciones centrales) se acabó de materializar. E incluso, en un mundo de soberanías compartidas y limitadas, reprodujo una nueva imagen de cuasi-estado provincial. En el debate de política de Santa Catalina de 1996, ya se hablaba del debate del Estado de la Provincia. Ya se había dotado de una normativa institucional básica. E incluso en 1992 hizo la reforma de su "estatuto" con la NF 52/1992, de 18 de diciembre.

4.1.- Las Juntas y el sistema de partidos

Hablar del sistema de partidos que se fue configurando en Alava en torno a las Juntas Generales, desde el asalto nacionalista a las instituciones locales alavesas en 1983 (ya en las municipales de 1979) al relevo por el PP en 1999, pasando por las coaliciones, la primera presidida por el socialista Buesa, desde 1987, excede los propósitos de este capítulo. Basten para ello el Cuadro III, y los Gráficos VI y VII, con las notas que les acompañan.

En general, el relevo que se había dado en la clase política con la Transición, fue más radical en los órganos forales que en los municipales de Vitoria. La Diputación se renovó por completo y las Juntas se crearon ex novo. La nueva élite procedente de la "Vitoria moral" (aquí habría que hablar de Alava) se incorporó plenamente a las tareas forales (Guevara, Ollora, Buesa, López de Juan-Abad). Sin embargo, luego fue más impermeable al acceso de la "Vitoria real" que lo que fuera el Ayuntamiento. Aunque ya en los noventa se había dado esa nueva incorporación de élites profesionales y cuadros técnicos.

En efecto, como dijo algún periódico de la época, «el 8-M [de 1983] viste a Alava de nacionalista». Ese fue el año en que el PNV ganó en todos los frentes. Ganó en los grandes y pequeños municipios, y ganó con amplitud en las elecciones a Juntas Generales. En Juntas, y gracias a la ausencia de HB, estaba a un punto de la mayoría absoluta. Cierto que la división en distritos por Cuadrillas favorecía al PNV, con un voto más homogéneamente repartido por toda la provincia, por lo que le "costaba" menos un juntero que al resto de partidos (ver Gráfico VI), pero también es cierto que obtuvo sus mejores resultados electorales (ver Cuadro IV; si bien, si uniéramos PNV y EA, estos serían los de 1987).

CUADRO III

NÚMERO DE ESCAÑOS POR PARTIDO EN JUNTAS GENERALES

GRAFICO VI

[y su relación con los votos]

El gobierno de 1983 fue el peneuvista monocolor de Juan Mª Ollora. Un gobierno de gestión económica eficaz (aunque reiteradamente acusado en Juntas por irregularidades), definido por su Diputado General como socialdemócrata, fuerista y "guevarista" (tal era el prestigio del ex-Diputado tras su triunfo en la LTH). Tuvo dificultades para aprobar su gestión en las Juntas Generales debido a que la oposición unida contaba con mayoría absoluta (24; siempre descontando HB). Ya en diciembre debía retirar la NF sobre Organización Institucional (la oposición pretendía aún una Diputación sinodial, no presidencialista, con representantes de todos los partidos) e ir paradójicamente enmendando el propuesto por la oposición. Y en marzo de 1986 estuvo a punto de perder una Moción de Censura presentada por 27 procuradores contra los Tenientes de Diputado General, José Mª Guerenabarrena y Alberto Ansola, y los Diputados Domingo Ruiz de Azúa, Rafael de Miguel y Edorta Gancedo, y de la que le salvaron los pactos ya firmados en Euskadi con los socialistas (la votación fue de 17 a favor de la Moción; 17 contra, y 9 en blanco).

Si el PNV atravesaba por una crisis grave (que le llevaría a la escisión de 1986), el PSE en Alava pasó también por la suya. En junio de 1983, unas negociaciones mal conducidas, forzaron al sector "guerrista" de Angel Gavilán a convocar nuevas elecciones a la Ejecutiva, a la que entraron con fuerza los anteriormente derrotados Fernando Buesa, Javier Rojo y Luis Alberto Aguiriano, quienes conducirían el PSE en lo sucesivo.

GRAFICO VII

[Gráfico de las Elecciones a Juntas Generales en Alava, 1983-1999]

Las elecciones de junio de 1987 fueron los comicios a Juntas Generales más concurridos hasta la fecha de hoy, con un 68,25% de participación. En Alava fueron ganadas por Eusko Alkartasuna (EA), el partido de Garaikoetxea, gracias al "tirón Cuerda" en Vitoria. EA se hizo con el gobierno de la capital, pero en las Juntas se impuso el pacto PNV-PSE, que ya funcionaba para el Gobierno Vasco. Desde entonces hasta 1999 ha sido el eje de la coalición que ha gobernado la provincia.

En 1987 entró a presidirla como Diputado General el socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en 2000. Fue el primer político no nacionalista (desde Ramón Rubial en el CGPV) que presidió una ejecutivo supramunicipal en el País Vasco desde que en 1977 se instauró la democracia. Luego lo ha hecho Ramón Rabanera, Diputado General desde julio de 1999.

Los gobiernos de coalición (a los que se incorporó EA en 1991) fueron continuistas, con diferencias de matiz que no viene al caso analizar ahora (esencialmente en la política de exenciones fiscales a las empresas y la armonización con la legislación general). Han sido los ejecutivos que han consolidado el entramado provincial como sistema parlamentario completo, y desarrollado sus competencias hasta darle ese tono de cuasi-estado del que se ha hablado antes. Han sido, también, los que mayores realizaciones han ejecutado. Sin embargo, sólo en la legislatura de 1999 la Juntas Generales han adquirido el verdadero protagonismo como entidad representativa y parlamento provincial (aunque ya en 1991, con la entrada de la foralista UA, se produjo un repunte). Probablemente por la situación de minoría mayoritaria con que gobierna el PP, y porque, por primera vez, van a tener que hacerse unos Presupuestos negociados en Junta con la oposición tras ser rechazados los presentados por el ejecutivo para el 2000.

Las relaciones del tripartito comenzaron a deteriorarse en abril de 1997, cuando el PSE se desmarcaba de sus socios de gobierno en la aprobación del Plan Foral de Obras y Servicios absteniéndose. Consideraban que Ormazábal no lograba un consenso suficiente en el ejecutivo y permitía una excesiva injerencia del ABB en la Diputación. La situación se agravó cuando el PSE se abstuvo en el Parlamento Vasco y en las Juntas Generales de Alava (en Guipúzcoa y Vizcaya votó a favor) sobre la Ley de Cupo y Concierto. Finalmente, entre acusaciones mutuas, José Angel Cuerda prescindió de los concejales socialistas de Vitoria en agosto de 1997. El tripartito quedó roto en septiembre, al salir los socialistas de la Diputación. Desde entonces (Mª Jesús Aguirre —PNV—sustituía a Jesús Loza en Bienestar y Fernández de Quincoces —EA— a Julio Herrero en Urbanismo), la Diputación gobernó en minoría, con el apoyo exterior del PP (en la Reforma del IRPF y el desarrollo del Concierto).

La situación cambió bastante en 1999 (ya se observaba el cambio desde al menos las autonómicas de 1998). La población se polarizó con la inflexión estratégica del PNV y su adscripción a la coalición de Lizarra (a pesar del alejamiento de ese planteamiento que mostró el nacionalismo alavés). Se votó antes en aquella clave que en otras de interés provincial o municipal. El PP obtuvo una mayoría radicalmente minoritaria con la que se constituyó en julio una Diputación monocolor del PP (que aspira a establecer un "modelo de gobierno" en Alava, trasladable a Euskadi), mientras el PSE asumía la presidencia de la Juntas Generales.

Fueron años duros, decisivos, en la actividad terrorista y en la lucha contra ella. La Diputación Foral y las Juntas Generales condenaron con un fuerte compromiso el secuestro por ETA de Ortega Lara y el asesinato del concejal M.A. Blanco el 12 de julio de 1997. La población alavesa (como toda la vasca) salió a la calle en masa, en una especie de "revuelta de terciopelo". Sin embargo, no se ha sabido, hasta hoy, liderar aquel movimiento.

Finalmente, constituido el entramado provincial como cuerpo parlamentario/foral y el ámbito comunitario de la CAPV como red confederal, quedaba prolongar hacia abajo aquella red y dotarla de contenido. Esto, que se vino haciendo desde los primeros ochenta, ha adquirido plena carta de naturaleza en los noventa.

Si la foralidad "invadió" el espacio de la Comunidad, el artículo 46 de la Ley de Concierto de 1981 (12/1981) abría plenamente las puertas a otra "invasión", ahora hacia abajo, hacia el ámbito municipal sobre el desde el XIX creció la foralidad. El artículo establece que los Fondos Nacionales para la Financiación de las Corporaciones Locales

«quedarán íntegramente a disposición de las Diputaciones Forales, que distribuirán las cantidades correspondientes, de acuerdo con los criterios que estimen convenientes, entre las Corporaciones Locales de sus respectivos Territorios Históricos».

Con lo cual no formaban parte del Cupo. Pero, para lo que aquí interesa, a las tradicionales funciones de supervisión y actualización de los balances de las haciendas municipales, a partir de ese momento las Diputaciones asumían la labor de dotarlas de medios.

En las Juntas Generales de 12 de febrero de 1982 se creaba, a propuesta del Diputado de Hacienda, Juan Mª Ollora, un Fondo Foral de Financiación Municipal (FOFIM). Se aprobó por unanimidad puestos en pie, con el entusiasmo propio de aquellos tiempos fundacionales. Los criterios para el reparto que se establecían eran tres: 1.- El del número de habitantes; 2.- Crecimiento del gasto en concentraciones de población: incremento del 30%; y 3.- Nivel de contribución del municipio a la Hacienda Provincial (en años sucesivos se irán cambiando ligeramente estos criterios). En 1997, el Fondo que estaba dotado con 13.802 millones, entregaba 10.682 son para Vitoria-Gasteiz.

La Diputación fue generosa en la financiación municipal, y en 1995 los ayuntamientos alaveses adeudaban a la Diputación 1.000 millones de pesetas. En 1995 creó el FOFEL (Fondo de Financiación para Entidades Locales), con el excedente de presupuesto del año anterior y una fórmula similar al FOFIM. El resultado es que los municipios alaveses dependen en más del 90% de sus presupuestos de las entregas del FOFIM de la Diputación Foral.

Para regular aquello, y a imagen del Consejo Vasco de Finanzas las Juntas Generales creaban en 1996 el Consejo Territorial de Finanzas (7 representantes de la Diputación y 7 representantes de los Ayuntamientos pertenecientes a EUDEL), de carácter inicialmente deliberativo, pero que irá adquiriendo un peso progresivo en los equilibrios provinciales. En 2000 se debate una presencia directa de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas.

Por su parte, la propia Diputación interviene directamente en los planes municipales a través del Plan Foral de Obras y Servicios.

Desde la Juntas Generales se reguló, además, el Régimen Local. En 1989 (NF 62/1989) se establece el Procedimiento de Constitución, Régimen Jurídico y Funcionamiento de las Hermandades de Servicios de Municipios y Concejos con la posibilidad de crear Mancomunidades y Hermandades entre entidades locales. En 1995 se regularon el Régimen de los de Concejos (NF 11/1995 de 20 de marzo).

Tras la regulación quinquenal de las Aportaciones (que éstas sí fueron creciendo a favor del Gobierno Vasco hasta su estabilización actual en el 65% del total recaudado; ver Gráfico VIII) a través del Consejo Vasco de Finanzas y las Leyes de Aportaciones (la última de 1997-2001; coincidente con la Ley de Concierto que hizo manifestar a Ardanza que con él se puede hablar del 16º Estado de la Unión), un sistema que puede primar la baja recaudación gracias al Fondo de Compensación y es fuente de tensiones entre las propias Provincias (en 1997, Guipúzcoa y Alava solicitaron una auditoría a Vizcaya; en 1999, Alava requiere una auditoría externa a las otras Provincias) en el que el Gobierno hace de poder arbitral, se ha ido tejiendo una tupida red de acuerdos interinstitucionales que cumplen las funciones de un ejecutivo confederal no sometido a un control parlamentario si no es el de la ratificación.

GRAFICO VIII

[Gráfico de las Aportaciones de las Diputaciones en relación con lo recaudado, 1985-1995]

Tal vez el más importante de ellos sea el que vinculó en 1996 al Gobierno y a las Diputaciones en una política coordinada de incentivos fiscales a la inversión a través del impuesto de sociedades y las llamadas "vacaciones fiscales" (tema, como se sabe, controvertido, recurrido en Bruselas). Ese mismo año se firmó el Plan Interinstitucional de Infraestructuras en el marco de las Directrices de Ordenación Territorial de Euskadi (la DOT). En 1996 se inauguraba la autovía de N-1 hasta Navarra. Al año siguiente el túnel de las Conchas que abría la Llanada a la Rioja, la recuperación de la titularidad de la A-68, inversiones en el Urbina/Málzaga.

Y como este, otros convenios interinstitucionales, como el de empleo para 2000-2003, etc.

Por su parte, la Diputación llevaba una activa política de inversiones, diseño de planes estratégicos (Plan Alava 2000) y planes directores, creación de promotoras públicas para la inversión industrial o la atracción de negocios (VIA, promotora pública de Foronda, PRINIA, Agencia de Desarrollo de Alava), creación del Parque Tecnológico de Miñano e impulso de los polígonos de Júndiz, zona de Foronda, eje Salvatierra/Vitoria, compra de suelo en Salvatierra, Nanclares de la Oca, Amurrio, Alegría, Murga, Araya, etc., que ha hecho que el crecimiento empresarial en el País Vasco se esté concentrando en Alava.

Promoción del Campus de Alava de la UPV-EHU, aprobación de la NF sobre el Uso del Euskera, la comprometida construcción de un Museo de Arte Contemporáneo muestran a unas entidades forales perfectamente asentadas y decisivas para el desarrollo de la zona.

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En definitiva, una profunda transformación que ha conducido a una peculiar combinatoria entre las tradiciones forales (constitucionalizándolas) con las culturas constitucional (acentuando los elementos de uso y negociación sobre los normativos, y dando a la comunidad una estructura confederal) y democrática (sobreponiendo al ejecutivo sobre el legislativo), y con la corriente del nacionalismo (haciéndolo más foral). Una transformación y una inserción sólo posible en una sociedad plenamente renovada y abierta a su entorno como es la alavesa de finales de siglo.

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